Ideeleradio.- La Ley de Consulta que aprueben las autoridades será una herramienta fundamental para establecer un diálogo de buena fe entre el Estado, las autoridades y los pobladores, afirmó Eduardo Vega, encargado de la Defensoría del Pueblo.
Fue al comentar que a través de ese dispositivo se logrará clarificar la manera en que debe aproximarse el diálogo con las comunidades y al señalar la necesidad de que exista un ordenamiento territorial que delimite las actividades mineras.
“Este diálogo [con las poblaciones] debe plantearse de buena fe y buscarse un acuerdo con la población. No se puede hacer [la consulta previa] por la mera formalidad. Es necesario un ordenamiento territorial es decir que esté claramente delimitado las zonas de reserva, las agrícolas y donde no se puede hacer minería, así como estudios de impacto ambientales con estándares elevados. Esa herramienta será fundamental y la Naciones Unidas sabe cómo realizarlas”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Vega Luna consideró, en ese sentido, que es necesario fortalecer una autoridad de alto nivel que se encargue del tema de conflictividad y del medioambiente. Sugirió elevar de nivel de la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y mejorar la capacidad de coordinación entre el Estado y las regiones.
“Muchas veces nos preguntamos dónde están las autoridades regionales y locales en la solución de estos conflictos, en algunos casos no las vemos. La población ha elegido a sus autoridades para que les den solución y canalicen los conflictos, no para hacer marchas. Las autoridades deben asumir su rol y coordinar con el Ejecutivo”, apuntó.
Por otro lado, informó que los gobiernos regionales no gastan más del 50% en promedio de su presupuesto, lo cual demuestra su ineficiencia en el gasto público. Indicó también que no existen cuadros suficientemente preparados para poder invertir y utilizar los recursos del canon.
“Nosotros vemos que el proceso de transferencia [de recursos] no se está realizando de la manera más adecuada posible, la norma señala que para hacer este proceso, lo primero que tienes que transferir capacidades y conocimiento ya sea en salud, educación, minería, etc. Esas transferencias no se están dando con la velocidad y los estándares adecuados. Eso está dando como resultado que la gestión en los gobiernos regionales no resulte óptima”, argumentó.
La Ley 29703 y el rol de los jueces
Por otra parte, Vega Luna se mostró a favor de que se revise nuevamente la Ley 29703, que establece que los funcionarios públicos solo podrán ser sancionados cuando se perjudique al Estado. Al respecto, dijo que serán los jueces quienes tendrán que resolver con responsabilidad la aplicación de dicha norma en un futuro.
“Nosotros hemos dicho que tiene que haber una revisión inmediata, una corrección inmediata. Yo creo que toda corrección es sana, es bienvenida. Lo que hay que ver efectivamente es reducir las consecuencias que puede haber originado la promoción de esta norma”, declaró.
“Van a tener que evaluar [con responsabilidad] los jueces cómo resolver una norma que salga publicada o que corrija esa situación. Hay que medir y eso va a pasar por cómo se redacta la norma, pero sobre todo cómo lo aplican los jueces de reducir los efectos de la Ley 29703 frente a una lucha prioritaria que es la lucha contra la corrupción”, agregó.
Varios informes médicos antes de indulto a Fujimori
Vega Luna reiteró que un eventual indulto humanitario a favor del expresidente Alberto Fujimori solo procedería en casos de enfermedad terminal, grave o deterioro de la salud mental, siempre y cuando exista una serie de informes médicos, que hayan sido elaborados de forma transparente.
“Lo que hemos señalado y está en la ley es que este indulto procede cuando estamos frente a un caso de enfermedad terminal, grave o grave deterioro de la salud mental; en estos tres supuestos casos la clave son los informes médicos, pero no solo un informe médico, sino una serie de informes médicos y eso es un procedimiento que está claramente reglado”, acotó.
