Ideeleradio.- El gobierno de Ollanta Humala debería derogar el Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM, que establece un monto de 10 mil nuevos soles por concepto de reparación económica para las víctimas del conflicto interno porque su aprobación no pasó por un debate técnico y no dignifica a los deudos, sostuvo Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
“Las rivalidades, los conflictos se abren por la forma como se ha concebido este decreto supremo [sobre] el otorgamiento de la reparación económica y esperemos que si esta administración no deroga el decreto supremo, la nueva administración produzca la derogatoria e inicie un proceso de consulta con las organizaciones de afectados porque eso es lo básico y fundamental”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Esa es la gran tarea que se tiene para la nueva administración la forma en cómo ha sido encarado el programa de reparaciones de una manera integral por la actual administración. El decreto supremo no ha pasado por el debate y la discusión de la Comisión Multisectorial es solo resultado de la opinión de la Secretaría Técnica con la PCM [Presidencia del Consejo de Ministros] y por eso lo convierte en un decreto supremo inválido de origen”, agregó.
Soberón Garrido señaló que la forma en que se fijaron los montos de reparación mereció la indignación de las organizaciones de afectados debido a que no se da un trato igualitario, ya que a las rondas campesinas se les dio más de 30 mil nuevos soles por este mismo concepto.
Lamentó, asimismo, la despreocupación del régimen aprista en relación al Plan Integral de Reparaciones. Afirmó que los cuestionamientos al manejo del gobierno de Alan García también pasan porque hasta el momento los familiares no encuentran respuesta en la posibilidad de poder transferir el derecho de este pago a sus hijos.
Mayoría rechaza indulto
En otro momento, estimó que las últimas encuestas reflejan el rechazo mayoritario de la población a un eventual indulto al condenado exmandatario Alberto Fujimori, ya que se trataría de un favor político de la actual gestión aprista a los fujimoristas.
Fue al referirse a la encuesta de Ipsos Apoyo que revela que el 36% de la población considera que Fujimori Fujimori debería ser trasladado a una cárcel común, que el 29% piensa que debe continuar en su celda de la Diroes, mientras que solo el 28% está a favor que sea indultado.
“Pretender un indulto de impunidad debe ser rechazado por la ciudadanía y creo que de alguna manera que las opiniones que algunas encuestas empiezan a dar reflejan que hay una opinión mayoritaria para que esta forma de querer hacer favores políticos y otorgar indultos indebidos tiene ese rechazo”, indicó.
Consideró, finalmente, que el próximo ministro de Justicia debería revisar la situación carcelaria del exgobernante y reducir sus beneficios carcelarios porque son “privilegios indebidos” que no tienen otros internos en el país.
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