Ideeleradio.- La ministra de Justicia, Rosario Fernández, comete un error y demuestra que desconoce el Derecho Internacional Humanitario, al mostrar su disconformidad con el proyecto de ley que incluye otras formas de violencia sexual en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), sostuvo Silvia Romero Borda, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al comentar el informe N° 551-2010-JUS/AT del Ministerio de Justicia, que muestra su disconformidad por el Proyecto de Ley que pretende incluir en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) otras formas de violencia sexual, como el embarazo forzado, aborto forzado, esclavitud sexual, prostitución forzada, sufridas por mujeres.
“Nosotros creemos que es un error, un error del Ministerio de Justicia, que esperamos que la ministra de Justicia en su momento subsane. Creo que ha actuado por desconocimiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario que califican la violencia sexual como uno de los crímenes de lesa humanidad más grave que existe”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Lo que está generando es que muchas víctimas de violencia sexual sean excluidas [de la lista de reparaciones] que el Estado viene implementado hace algún tiempo a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y el Registro Único de Víctimas”, refirió.
Recordó que el Ministerio de Justicia (Minjus) pretende negar estas otras formas la violencia sexual, a través del informe N° 551-2010 JUS/AT, con el objetivo de que las víctimas no accedan a una reparación civil por parte del Estado, tal como se recomienda en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Informe de Minjus es un despropósito
Romero Borda calificó como un despropósito del Minjus, el informe N° 551-2010-JUS/AT para no considerar a las víctimas de la violencia política, teniendo en cuenta la posición del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo.
“Es un despropósito de parte del Ministerio de Justicia porque hay un informe favorable del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo que reconoce como tal estas formas de violencia sexual y que considera que debe ser implementadas”, concluyó.
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