Luis Giampietri, primer vicepresidente de la República y congresista, volvió a arremeter con todo contra el IDL. Esta vez se ha valido del registro de una información en los wikileaks.
La información a la que se refiere el almirante en retiro Giampietri, según los medios de comunicación que han dado cuenta de ella, es la siguiente: El 14 de febrero del 2006, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), contralmirante AP(r) Julio Raygada García, le entregó un reporte al entonces embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, quien lo remitió a Phyllis Powers, consejera norteamericana del Departamento de Estado. En ese reporte, se afirma que el IDL y su proyecto Justicia Viva desempeñan el papel de propagandistas y defensores de Sendero Luminoso.
A partir de este registro, Giampietri se ha atrevido a decir por todas partes que esta vez existen evidencias que permiten concluir que el Instituto de Defensa Legal (IDL) es una organización defensora de Sendero Luminoso.
Nos parece tan absurda la acusación, que la primera respuesta que nos nace es: ¡nos descubrieron! Por fin el almirante Giampietri gana una batalla. Después de 27 años de existencia, logró desenmascararnos y demostrar que somos de SL.
Y lo somos nada menos en el ¡2010!, cuando, felizmente, SL esta estratégicamente derrotado, y solo tiene una presencia focalizada -peligrosa, es cierto- en el VRAE, en el Huallaga y en algunos lugares más del país. No solo entonces, somos terroristas, sino tontos, ya que, corriendo todo tipo de riesgos, estamos vinculados a un grupo que no tiene ningún futuro.
La falsedad y arbitrariedad de las afirmaciones de Giampietri contra el IDL saltan a la vista una vez más.
Es obvio que estamos ante una afirmación unilateral de un funcionario de la DINI, sin haber estado acompañada de prueba alguna, que el embajador norteamericano se limitó a trasmitir, como lo suelen hacer todas las embajadas con ese tipo información.
Efectivamente, todo el mundo sabe que ese es el carácter de gran parte de la información que desde las embajadas se envía a Washington. Muchas veces, es, simplemente, el registro de lo que se dice, de una percepción, sin importar si es verdad o no, si hay pruebas o no.
En caso contrario, habría que asumir algo absolutamente absurdo: toda información transmitida por una embajada norteamericana, que aparezca en los wikileaks, debe ser asumidas como cierta.
Darle valor probatorio a esa declaración unilateral y sin pruebas tratando de sorprender a la opinión pública, como lo ha hecho Giampietri, vuelve a hablar muy mal de él, y no de nosotros.
La doble moral del Almirante Giampietri se manifiesta cuando en relación al posible vínculo de altos militares con el narcotráfico, denuncia que aparece en los wikileaks, niega toda posibilidad de que sea verdad. Y eso que en este caso no se trata de una información unilateral proveniente de un organismo como la DINI, sino de “un informante” que trabajaba en ese entonces para la DEA, un órgano dedicado a la lucha contra el narcotráfico, vinculado directamente con la embajada de Estados Unidos.
¿Por qué frente a posibles relaciones de altos mandos militares con el narcotráfico, Giampietri quiere cerrar cualquier tipo de investigación? Él como vicepresidente, congresista y ex almirante debería ser uno de los más interesados en que se esclarezca esta gravísima denuncia.
De otra parte, si la DINI hubiera tenido la más mínima prueba de una relación de nuestra institución con SL, no se entiende por qué en ningún momento se nos investigó o acusó. Esto demuestra que lo que puede haber dicho Raygada es solo parte de las campañas de desprestigio que determinados sectores de militares, vinculados a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, desde hace mucho años vienen realizando contra la labor que, en sentido opuesto, cumple nuestra institución.
Recordemos todo lo que ha dicho y hecho Giampietri contra nuestra institución, lo cual lejos de habernos debilitado, nos ha servido como propaganda y para fortalecernos en nuestras convicciones:
- Innumerables ataques verbales contra nosotros.
- Ha tratado infructuosamente de que se nos cite a la comisiones de Defensa y de Inteligencia del Congreso.
- Sus declaraciones fueron determinantes para que APCI decidiera volvernos a investigar, cuando ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores, las que, supuestamente, habíamos salido sorteados dos veces consecutivas.
- Sus amigos de Expreso, La Razón y Correo nos acusaron de conflictos de intereses por haber participado en la Comisión de Indulto, lo que motivó un pronunciamiento de la fiscalía a favor nuestro, en el sentido de que no había ninguna razón para ni siquiera abrir una investigación.
- Hace poco, el también fujimorista Rolando Sousa, congresista de la República, trató de –sin logarlo, también- se nos investigara, por enseñar en la Academia de la Magistratura.
¿No es esto una persecución contra el IDL, de parte de Giampietri, abusando de sus cargos y de su inmunidad parlamentaria?
Una vez más, como le hemos hecho desde el comienzo de la década de los 80, y en todo momento, expresamos nuestra total condena frente a SL y el MRTA, y frente a todo grupo que recurra a métodos terroristas o violentos, o defienda proyectos políticos totalitarios. Allí están nuestros pronunciamientos, publicaciones y actividades que lo demuestran, además de las amenazas de las que fuimos objeto por parte de SL en diversos momentos.
Solo dos palabras explica por qué Giampietri nos tiene tanta animadversión: El Frontón.
El IDL ha patrocinado el caso de Durand-Ugarte personas que murieron en la matanza que se produjo en el penal de El Frontón (junio de 1986), luego del violento motín realizado por los senderistas. El caso se ganó a nivel de la Corte Interamericana, Tribunal Internacional que falló a favor de la responsabilidad del Estado peruano, ordenado cumpla con su obligación de investigar, procesar y sancionar los hechos ocurridos.
Inicialmente la fiscalía cerró el caso, pero la Corte consideró que de esa manera no se había cumplido con su mandato, volviendo a ordenar lo mismo.
Fue así que, el proceso penal por dicha matanza se inició en enero del 2005. En ese momento se abrió proceso contra 10 efectivos de la marina, por el delito de asesinato. Posteriormente en enero de 2009 se abrió un segundo proceso por los mismos hechos contra otros 23 efectivos de la marina. En mayo de 2010 se acumularon los dos procesos.
Es cierto que en este proceso, que Giampietri solo tiene la condición de testigo. Sin embargo hay que considerar tres hechos fundamentales: 1) La condición de testigo puede ser variada de testigo a procesado en cualquier momento. 2) En setiembre de 2009 la fiscal superior Luz Ibañez opinó que en el proceso solo estaban comprendidos los autores materiales del crimen y por ello solicitó que se identifique a los autores mediatos del crimen. 3) El Poder Judicial ha calificado a este delito como un crimen de lesa humanidad.
Si Giampietri procede de una manera tan prepotente y arbitraria contra una institución como el IDL, que desde hace 27 años viene actuando abiertamente en defensa de la democracia, la paz y los derechos humanos, con el reconocimiento y respaldo de muchos sectores del país y de la comunidad internacional, y a la vista de todo el mundo nos preguntamos ¿cómo podría ser su actuación frente a más de 100 personas, presas, derrotadas, echadas en el suelo, boca abajo, con las manos atadas hacia atrás y con pánico por lo que les pudiera pasar?
Pero nosotros, el IDL, no estamos presos, ni en el suelo, ni con las manos atadas, ni tenemos nada que temer.
Recurriremos a todos los medios legales nacionales e internacionales para defendernos de los ataques de Giampietri y de los fujimoristas en general que abusan de sus cargos para impedir que desde la sociedad civil se defienda la democracia y los derechos humanos y se impulse la lucha contra la corrupción y la impunidad en general.
