Yurimaguas (Darwin Paniagua).- El Obispo del Vicario Apostólico de San José del Amazonas, Monseñor Alberto Campos, expresó su preocupación por la inminente expulsión del religioso británico Paúl Mc Auley y calificó de injusto que la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y corrupción no sean condenadas con la misma severidad por el Estado peruano.A través de una carta, a la que tuvo acceso Radio La Voz de la Selva, el sacerdote señaló que sus declaraciones y reflexiones sobre este tema, son a título personal y responden al pedido que le hicieran algunos misioneros y amigos que trabajan en instituciones de la Iglesia Católica [ver documento].
“Me preocupa que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones para informarles sobre sus derechos nacionales e internacionales en cuanto a sus territorios y a la preservación de sus recursos naturales como patrimonio para sus descendientes, acompañarlos en sus protestas y marchas”, señala en el documento.
“Por otro lado, no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía, la negligencia de algunos profesionales que reciben un sueldo para trabajar en la Selva y no se presentan a sus puestos de trabajo en detrimento de la educación y salud de los que deberían ser beneficiados”, añade.
Reconoció que el Estado les reconoce la residencia como misioneros y que es el mismo Estado el que puede dejar sin efecto ese permiso, si considera que el trabajo de los religiosos ya no es necesario o si lo considera perjudicial para los intereses nacionales.
“Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: ‘Si entran en una ciudad y no quieren recibirlos, vayan a sus plazas y digan: Nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestro pies. Con todo sepan que el Reino de Dios ha venido a ustedes” (Lc. 10.10-11)’”, subraya.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional también emitieron un pronunciamiento, en el que brindan su respaldo a Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental Loretana.
“Amnistía Internacional ve con mucha preocupación la actitud del gobierno del Perú en relación con los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú y de las personas que trabajan para protegerles. […]. La cancelación de la residencia del Hermano Paul Mc Auley parecería ser un paso más en un campaña de amedrentamiento por parte del gobierno hacia las comunidades indígenas y los defensores de los derechos humanos que trabajan con ellos”, remarca el pronunciamiento.






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