Ideeleradio.- El Ministerio de Agricultura (Minag) debería resolver con urgencia la demanda de nulidad que presentó el Gobierno Regional de San Martín en torno a la compra de 3 mil hectáreas de bosques primarios y protegidos a 0.66 céntimos de sol el metro cuadrado, o de lo contrario explotará un conflicto social, advirtió César Soria, alcalde del distrito de Barranquita.“Mi población espera que de una vez por todas el Ministerio de Agricultura dé solución a este problema, sacando la resolución de caducidad por el incumplimiento de muchas cosas que no ha cumplido [la empresa]”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Entonces de una vez por todas pedimos que el ministro [Adolfo de Córdova] dé solución porque nosotros estamos controlando a la población, esperamos que no vaya a pasar un hecho que lamentar. De una manera muy especial le pedimos al ministro que dé solución, podría generarse un problema mayor, gravísimo, de que la población pueda meterse a los lugares y para eso yo ya no podré soportar o controlarles a ellos”, advirtió.
Comentó que en la zona se está viviendo “momentos desesperantes” a raíz de la presencia del Grupo Romero, en la zona de Caynarachi. En ese sentido, confió en que se atenderá pronto la demanda del Gobierno Regional San Martín, quien solicitó la nulidad de la Resolución Ministerial Nº 255-2007, que establece que la zona denominado “Palma del Oriente” es apta sólo para pastos y no para el desarrollo de proyectos agrícolas permanentes como la siembra de palma aceitera.
Denunció que el Grupo Romero cuenta con el apoyo del Ejército Peruano en la zona y que dicho suceso fue denunciado en el año 2007 y hasta la fecha no hay ninguna respuesta de Ministerio del Interior.
“Si han tenido apoyo del Ejército, también muchas veces se han encontrado cantidad de militares que están protegiendo a la empresa para que hagan sus trabajos, eso está comprobado. Yo como autoridad he denunciado esto hasta el Ministerio del Interior pero el ministerio se ha quedado callado, nunca hemos recibido ninguna respuesta, pese a que hemos denunciado en el 2007 y hasta ahora nunca me han dado una respuesta”, explicó.
A su turno, Constante Díaz, asesor legal de la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS, comentó que la denuncia sobre presencia militar es conocimiento de la Defensoría del Pueblo.
“El tema de la presencia militar se dio en el 2007, evidentemente tuvo conocimiento la Defensoría del Pueblo y el Ejército tuvo que retirarse, las condiciones fueron para decir que había rebrote terrorista y con ese argumento intervenir toda la zona del Caynarachi, eso no se ha resuelto y no habido una respuesta oficial del Ejército”, concluyó.
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