Ideeleradio.- El Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) espera recuperar este año más de 140 millones de soles, a través de la ejecución de sentencias emitidas en los distintos procesos por corrupción registrados en la década de los noventa y la repatriación de dinero a los implicados en los casos Fujimori-Montesinos, informó Juan Farfán Martínez, secretario técnico del CDJE.
“Nosotros (CDJE) nos hemos fijado una meta para el año 2010. Recuperar por lo menos el 60 por ciento de esta cantidad (240 millones de soles), con embargos, ejecuciones y las medidas cautelares que sean necesarias (…) No solamente (en casos vinculados) a Fujimori sino a quienes actuaron en torno a lo que fue los años de la corrupción en los 90”, sostuvo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Esto es importante, por eso es que señalamos que la actividad del procurador es buscar los bienes, solicitar los embargos y las medidas cautelares, a fin de que cuando tengamos la sentencia (de un proceso) pueda ejecutarse el embargo de alguna manera”, agregó.
Repatriación de capitales a cargo de la UIF
Indicó que la mayor parte de los 240 millones de soles que el Estado debe cobrar están en el extranjero. Precisó que los miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Consejo de Defensa Jurídica del Estado serán los responsables de la repatriación de estos capitales.
“Uno de los temas importantes es el tema de la repatriación de capitales. Mucho de los 240 millones de soles no están en el Perú, están fuera. Entonces la procuraduría en el caso de Fujimori – Montesinos cuenta con un instrumento importante que es la Unidad de Inteligencia Financiera que permite rastrear los fondos del Estado peruano, a fin de recuperarlos”, manifestó.
No desaparecerá Procuraduría Ad Hoc
Farfán Martínez aclaró que no desaparecerá la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos. Señaló que su reestructuración se debió a que los procesos seguidos a la mafia fujimontesinista ya están con sentencia y que la segunda etapa de esa entidad está orientada a la recuperación del dinero.
“(Entonces) No ha sido y no se va a extinguir, sino ha sido dimensionada a lo que corresponde hoy. Hoy lo que corresponde es el siguiente paso, ya la carga procesal no es la carga del litigio como antes. Ha disminuido y su segunda etapa de esta procuraduría es la recuperación (del dinero)”, aclaró.
Explicó que “si antes teníamos 27 abogados dedicados al proceso y más del 50 ó 60 por ciento de esos procesos que ya están en sentencia evidentemente, ¿Qué hacen los abogados procesalitas en un proceso que ya están en ejecución? Entonces pasamos a la segunda etapa para dar mayor impulso y fuerza a la ejecución de las sentencias”.
Procuradores deben tener la máxima de las garantías
El funcionario señaló que los procuradores en general deben contar con la “máxima de las garantías” para realizar sus actividades en defensa del Estado, al ser consultado sobre la protección con que deberían contar los procuradores antidrogas, en el marco del avance del sicariato y el crimen organizado.
“Es importante señalar que la protección del Estado al funcionario sobre todo a quién persigue el delito y el crimen tiene que tener la máxima de las garantías y cuando tenemos una alerta nosotros la materializamos a través de un respaldo. No solamente en el caso de Sonia Medina, sino para todos”, subrayó.
“Creo que es importante que el funcionario goce o tenga los instrumentos que le permitan trabajar, uno de los instrumentos evidentemente es el tema seguridad. En ese tema nosotros actuamos con la mayor diligencia. Recibimos un pedido o una alerta de ese tipo e inmediatamente estamos actuando”, añadió.
“Nosotros (CDJE) nos hemos fijado una meta para el año 2010. Recuperar por lo menos el 60 por ciento de esta cantidad (240 millones de soles), con embargos, ejecuciones y las medidas cautelares que sean necesarias (…) No solamente (en casos vinculados) a Fujimori sino a quienes actuaron en torno a lo que fue los años de la corrupción en los 90”, sostuvo en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Esto es importante, por eso es que señalamos que la actividad del procurador es buscar los bienes, solicitar los embargos y las medidas cautelares, a fin de que cuando tengamos la sentencia (de un proceso) pueda ejecutarse el embargo de alguna manera”, agregó.
Repatriación de capitales a cargo de la UIF
Indicó que la mayor parte de los 240 millones de soles que el Estado debe cobrar están en el extranjero. Precisó que los miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Consejo de Defensa Jurídica del Estado serán los responsables de la repatriación de estos capitales.
“Uno de los temas importantes es el tema de la repatriación de capitales. Mucho de los 240 millones de soles no están en el Perú, están fuera. Entonces la procuraduría en el caso de Fujimori – Montesinos cuenta con un instrumento importante que es la Unidad de Inteligencia Financiera que permite rastrear los fondos del Estado peruano, a fin de recuperarlos”, manifestó.
No desaparecerá Procuraduría Ad Hoc
Farfán Martínez aclaró que no desaparecerá la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Fujimori-Montesinos. Señaló que su reestructuración se debió a que los procesos seguidos a la mafia fujimontesinista ya están con sentencia y que la segunda etapa de esa entidad está orientada a la recuperación del dinero.
“(Entonces) No ha sido y no se va a extinguir, sino ha sido dimensionada a lo que corresponde hoy. Hoy lo que corresponde es el siguiente paso, ya la carga procesal no es la carga del litigio como antes. Ha disminuido y su segunda etapa de esta procuraduría es la recuperación (del dinero)”, aclaró.
Explicó que “si antes teníamos 27 abogados dedicados al proceso y más del 50 ó 60 por ciento de esos procesos que ya están en sentencia evidentemente, ¿Qué hacen los abogados procesalitas en un proceso que ya están en ejecución? Entonces pasamos a la segunda etapa para dar mayor impulso y fuerza a la ejecución de las sentencias”.
Procuradores deben tener la máxima de las garantías
El funcionario señaló que los procuradores en general deben contar con la “máxima de las garantías” para realizar sus actividades en defensa del Estado, al ser consultado sobre la protección con que deberían contar los procuradores antidrogas, en el marco del avance del sicariato y el crimen organizado.
“Es importante señalar que la protección del Estado al funcionario sobre todo a quién persigue el delito y el crimen tiene que tener la máxima de las garantías y cuando tenemos una alerta nosotros la materializamos a través de un respaldo. No solamente en el caso de Sonia Medina, sino para todos”, subrayó.
“Creo que es importante que el funcionario goce o tenga los instrumentos que le permitan trabajar, uno de los instrumentos evidentemente es el tema seguridad. En ese tema nosotros actuamos con la mayor diligencia. Recibimos un pedido o una alerta de ese tipo e inmediatamente estamos actuando”, añadió.
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