Ideeleradio.- El Tribunal Constitucional (TC) debería pronunciarse en mes y medio sobre la inconstitucionalidad de un paquete de decretos legislativos que afectarían a la Amazonía, porque ese es un plazo razonable, estimó Moisés Martínez Suárez, abogado de la Procuraduría del Gobierno Regional de San Martín.Fue al comentar el desarrollo de una audiencia en la que en representación de ese departamento, pidió que se revise los decretos 994, 997,1064, 1020, 1060, 1081, 1089, 1083, entre otros, emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades concedida por el Congreso.
“Acá los procesos están al voto, vale decir que en cualquier instante podría salir una resolución. Hay que tener en cuenta que el TC si es que lo tiene claro, y me parece que lo tiene bastante claro, debería tomarse un tiempo prudente de un mes y medio o dos meses”, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Además hay que darse cuenta de que a fines de diciembre acaba la gestión de dos magistrados del TC (Carlos Mesía y Juan Vergara). Dentro de lo que es un margen razonable, esto se ha venido tramitando desde junio, creo que estamos ad portas de sentencias que sentarán precedentes en lo que es la construcción de los derechos de los pueblos nativos”, puntualizó.
Acudirán a instancias internacionales
Martínez Suárez precisó que tanto el gobierno regional como el Estado sustentaron su posición en relación a este tema. Estimó que hubo un temperamento receptivo de los magistrados del TC, respecto a la omisión de la consulta de los pueblos nativos sobre los decretos legislativos y ratificó que -de ser el caso- contemplan la vía internacional.
“Los informes se hicieron la semana pasada y previamente a nuestra argumentación hubo una presentación de un grupo de congresistas nacionalistas que cuestionaban también la ley autoritativa que otorgó facultades delegadas al Ejecutivo. Eso marcó un contexto bastante positivo para que nuestros informes sean vistos en su magnitud”, indicó.
Relató que se dijo en el informe oral que sería muy positivo que se reconociera el derecho a la consulta y que si el fallo del TC no les era favorable, acudirían a instancias internacionales.
Constitución y Convenio 169
Advirtió que así no existiera el convenio 169, la defensa del Gobierno Regional de San Martín, podría sustentar su posición con la misma Constitución que reconoce el derecho a la participación.
“El eje principal era la omisión del proceso de consulta, eso lo contrastamos con la actitud del gobierno y justamente indicábamos que como era posible que pudieran sacar más de 100 decretos legislativos y no pudieran sacar una ley para regular el proceso de consulta. Eso fue bastante decisorio en cuanto a dejar en claro la voluntad omitiva del gobierno. Eso (la falta de reglamento) no le otorga derechos al Estado para indicar que como no hay un reglamento de consulta, ellos pueden seguir avanzando”, reiteró.
Estado: ‘Yo legislo por ti, para ti, y pensando en ti’
Por otra parte, comentó que el eje principal de la defensa del Estado fue básicamente de tinte desarrollista y paternalista. Sostuvo que en términos jurídicos el gobierno no pudo rebatir la ausencia de la consulta a los pueblos nativos, en la emisión de estos dispositivos.
“(El Estado planteó) una serie de argumentos desde los más simples que no se podían comprender, como que en el Perú no existen pueblos indígenas puros y el tribunal lo tomó como algo anecdótico. Pero principalmente, su gran eje de defensa partió de lo que en la doctrina se llama la normativización positiva, vale decir ‘yo legislo por ti, para ti, y pensando en ti’”, refirió.
“(Sustentaron) una especie de paternalismo legalista, donde el Estado les dice a los pueblos todo lo que he hecho es por ti y para ti, con lo que se estaría dejando de lado la tendencia y reconocimiento de los pueblos en lo que es el desarrollo. No les quedó definitivamente muy bien construido y los magistrados tuvieron bastante claro lo que dijimos”, añadió.
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