Paz y Esperanza: A fin de mes se inicíaría judicialización de caso Putis

Ideeleradio.- A fines del mes de agosto se iniciaría la judicialización del caso Putis, reveló el director de la Asociación Paz y Esperanza, Germán Vargas, tras señalar que pobladores exigen además la instalación de una base militar para que brinde protección a la localidad de Santillana, provincia de Huanta (Ayacucho).

“Una de las causas para que el caso sea judicializado por el Ministerio Público es porque los temas de derechos humanos no prescriben, pese a que ha pasado 25 años. Otros de los temas es que ya se tiene identificado a los presuntos responsables del crimen”, reveló en diálogo con Ideeleradio.

“Entonces creemos que a finales de este mes (agosto) se pueda proceder a la denuncia penal por parte del Ministerio Público para que el juzgado competente haga las investigaciones del caso”, estimó.

Sostuvo que para la Asociación Paz y Esperanza no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público rechace este proceso.

Piden base militar en zona de Santillana
El letrado indicó que los pobladores de Putis, ubicados en la zona de Santillana, demandan a las autoridades la instalación de una base militar, con el objetivo de brindar protección a la ciudadanía, que se mantiene en zozobra tras el último ataque en el centro poblado de San José de Secce, donde perecieron cinco personas, entre civiles y miembros de la Policía Nacional.

“Necesitan que sus vidas sean protegidas. Lo que hemos escuchado de los familiares de las víctimas es que ellos han vivido 25 años (tiempo de la subversión) igual, no ha cambiado nada y viven en la pobreza, por eso piden una base militar”, comentó.

Pero aclaró que debe ser una base militar que proteja la vida de los pobladores de Putis y no una que cometa los mismo errores de hace 25 años, en donde miembros de las Fuerzas Armadas asesinaron a quema ropa a más de cien pobladores, entre niños y ancianos.

Ministerio de Defensa debe entregar lista de altos mandos
Recordó que durante las investigaciones se logró con éxito que testificaran un grupo de militares, quienes fueron en su momento encabezados por el general Wilfredo Mori, ex jefe político militar de la zona, cuando se produjo esta matanza y uno de los principales sospechosos.

Finalmente, Vargas Farías reiteró que el Ministerio de Defensa ya debería entregar la lista de altos mandos militares del Ejército que operaron en la zona de Putis, a fin de esclarecer los hechos.

“Hasta el momento sólo se conoce sus alias, es decir capitán Bareta, teniente Lalo, comandante Oscar. Es gente que los testigos sobrevivientes de la matanza han identificado como autores participes de la ejecución”, concluyó.

El 13 de diciembre de 1984 miembros del Ejército peruano asesinaron a más de 100 personas en la comunidad de Putis, entre las cuales se encontraban 48 niños, la mayoría de ellos menores de 10 años.